Autor: Ana Illescas Nuñez

Defensoras de derechos humanos y medioambientales de Brasil y Guatemala ponen rostro y voz a las víctimas y piden una ley de debida diligencia empresarial en España

  • Un abogado y una activista de Brasil y una líder indígena y una activista de Guatemala denuncian los abusos empresariales sufridos en sus comunidades.
  • Las defensoras sostienen que la ley española podría minimizar eficazmente los impactos negativos de las empresas y ser ejemplar para otras legislaciones.

(Madrid. 10/11/2022). Defensoras de derechos humanos y medioambientales de Brasil y Guatemala han contado esta mañana en un encuentro con periodistas los perjuicios que padecen sus comunidades a causa de malas prácticas y negligencias que grandes empresas europeas están llevando a cabo en sus países y territorios, en un encuentro organizado por la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) que promueve en España una ley de debida diligencia empresarial sobre los derechos humanos y medioambientales. 

Feliciana Herrera y Francisca Pérez (nombre ficticio por razones de seguridad) de Guatemala y Danilo Chammas y Carolina de Moura de Brasil, han puesto rostro a los cientos de miles de personas que están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo.

Feliciana Herrera, autoridad indígena y Coordinadora de la Alcaldía del Pueblo Maya Ixil de Nebaj ha explicado que en esta región hay dos mega represas ya construidas, otras tres licencias para iniciar construcción y otras ocho compañías cuentan con licencias de exploración. Todos estos proyectos se han firmado sin la existencia de una consulta, en contra de lo estipulado por la ley nacional e internacional. “Exigimos el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas, Los territorios tienen dueños y los dueños somos los pueblos indígenas que hemos mantenido la vida, hemos resistido durante años ante los mecanismos de hostigamiento de las empresas, de represión, criminalización por exigir mejores condiciones de vida, en el territorio ixil de nuestros recursos naturales se está generando 254 mw de energía y el 75% de las comunidades sin energía eléctrica”.

Por su parte, Francisca Pérez (nombre ficticio por razones de seguridad) forma parte del Comité de Unidad Campesina de Coatepeque (Quetzaltenango,Guatemala) Está enfrentado un proceso judicial relacionado con la defensa de los derechos de 270 trabajadores a quienes un empresario les robó las cuotas que ellos pagaron y no las entregó al fondo de Seguridad Social, por lo que no han podido cobrar sus prestaciones laborales. En represalia, el empresario la demandó acusándola de usurpación de tierras,delito habitualmente utilizado para la criminalización de personas defensoras en Guatemala,  por lo que fue encarcelada. “Pedimos que acabe la criminalización de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y del medioambiente. Además de dejarnos sin recursos nos criminalizan: a un compañero que exigía sus derechos le asesinaron hace unos años y otro ha estado cuatro años en la cárcel por defender el agua de los ríos. A mi misma, me han unido ahora a un proceso judicial que ya está en fase final y no sé qué pasará, pero hay riesgo de multa de 11 millones de quetzales (1 millón 400  mil euros)  y delito de “usurpación agravada” con seis años de cárcel y sin posibilidad de libertad bajo fianza”

Carolina de Moura defensora medioambiental, coordinadora de género del Instituto Cordilheira, vive en Brumadinho (Minas Gerais, Brasil) donde en 2019 se derrumbó una presa de residuos del gigante minero VALE y fallecieron 272 personas. Estos días ha girado por Europa presentando “La ilusión de la abundancia”, un documental sobre tres defensoras frente a los impactos de grandes empresas en América Latina. Ella es una de las protagonistas del documental, ha luchado contra la impunidad de las multinacionales responsables del abuso y por la reparación integral de los daños, por lo que ha sufrido persecuciones y campañas de desprestigio y difamación. “Después de 10 años desde la tragedia de Brumadinho y Mariana (Brasil) e intentando dialogar con la empresa VALE y los gobiernos, aprendimos que no es posible confiar en la “buena fe” de las empresas y es esencial que las autoridades de todo el mundo elaboren leyes y mecanismos para poner límites a estas corporaciones que están matando a personas y destruyendo la posibilidad de vida en  el planeta”.

Por su parte Danilo Chammas, abogado de derechos humanos, presidente del Instituto Cordilheira, trabaja con los familiares de las víctimas mortales de Brumadinho por justicia penal, reparación integral y garantías de no repetición. “En nuestros días las empresas operan globalmente y hace falta que se desarrollen oportunidades para que las víctimas de las vulneraciones de derechos puedan acceder a la justicia y de manera que se responsabilice a esas empresas y para que se produzca una reparación. No podemos continuar con la impunidad que vivimos. Todas las empresas que forman parte de la cadena de valor de esos recursos naturales tienen que hacer una evaluación profunda del modo de actuar de sus socios comerciales y deben ser responsabilizadas. Pedimos que la Ley de Debida Diligencia en España avance y sea aprobada lo antes posible porque así se va a dar una señal no sólo a las empresas con sede en España sino también a las que actúan en cualquier otro país de que tienen que actuar según los Derechos Humanos y las normas ambientales reconocidas internacionalmente.”

Como conclusión a la rueda de prensa Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad-ActionAid y miembro de la PER ha remarcado “los derechos humanos y el medio ambiente no pueden esperar más, no admitimos más excusas ni que se demore más la aprobación de la ley española. Necesitamos con urgencia una ley que prevenga, mitigue y remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. El momento es ahora”.