Con demasiada frecuencia vemos cómo muchas empresas no están evitando los terribles abusos contra los derechos humanos y los daños medioambientales y están eludiendo su responsabilidad al esconderse detrás de filiales, proveedores y subsidiarias, favorecido por cadenas de valor complejas.
En la gran mayoría de los daños corporativos, las víctimas se quedan sin reparación y aquellas que deciden acudir a la justicia se enfrentan a un proceso largo, costoso y complicado.
El informe «Demandando a Goliat» de European Coalition for Corporate Justice, (Aquí resumen en español) sostiene que la UE debe facilitar el cumplimiento de las normas de debida diligencia de las empresas y dar a las personas afectadas una vía para el recurso judicial. El informe examina 22 importantes casos civiles recientes contra grandes empresas de la UE, e identifica obstáculos graves y sistémicos que impiden a las víctimas de abusos relacionados con las empresas acceder a un recurso judicial.
La principal barrera que encuentran las víctimas para acceder a la justicia es que la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales no contemplan la responsabilidad de las empresas matrices y de la cadena de valor por los abusos de los derechos humanos y los daños medioambientales.
Pero incluso cuando las normas de rendición de cuentas pueden responsabilizar a las empresas, los demandantes se enfrentan a menudo a obstáculos insuperables:
- Los casos suelen juzgarse en función de la legislación del país donde se ha producido el daño, y no del lugar donde tiene su sede la empresa matriz o principal.
- En la mayoría de los casos presentados hasta ahora ante los tribunales de la UE el daño lo sufre un colectivo de personas. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos nacionales no siempre permiten que un grupo de demandantes soliciten una reparación colectiva.
- En algunos países de la UE, el plazo para que una parte interponga una demanda por daños y perjuicios es tan corto como un año, lo que hace prácticamente imposible presentar a tiempo casos transnacionales. En otros, el plazo de prescripción empieza a correr incluso antes de que se manifieste el daño.
Cuando en 2019 los vecinos de Arica argumentaron ante un tribunal sueco que la empresa minera Boliden no había garantizado que su subcontratista procesara adecuadamente los residuos mineros, el tribunal determinó que el caso había prescrito, a pesar de que los análisis de sangre habían revelado la existencia de niveles excesivos de arsénico en la comunidad solo cuatro años antes de que se presentara la demanda contra Boliden.
Los plazos también impidieron que las víctimas del incendio mortal de 2012 en la fábrica de Ali Enterprises obtuvieran reparación del principal comprador de la fábrica de prendas de vestir, el minorista de descuento alemán KiK.
A principios de 2021, grupos indígenas y ONG demandaron al gigante francés de supermercados Casino por supuestamente obtener carne de res de proveedores involucrados en la deforestación amazónica, acaparamiento de tierras y trabajo forzoso. La complejidad de la cadena de suministro de Casino hace que sea difícil obtener justicia.
EN ESPAÑA NO QUEREMOS QUE PASE ESTO. QUEREMOS QUE NUESTRAS EMPRESAS SEAN RESPONSABLES.
Las personas afectadas por abusos corporativos cometidos por empresas españolas, tanto en España como en el extranjero, no deberían pasar por un calvario para buscar justicia y reparación en los tribunales europeos o españoles.
Por eso es urgente aprobar una ley de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales que establezca requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas españolas y a las empresas extranjeras que operan en España.
La Ley no debería limitarse a consagrar un deber de debida diligencia de las empresas, sino también establecer consecuencias para las empresas que no cumplan las normas y garantizar el acceso de las víctimas a un recurso judicial cuando las empresas no tomen las medidas adecuadas.