12 organizaciones de sociedad civil, que representan a más de 570 entidades, demandan una ley en España de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales.
Debido a la ausencia de normativa vinculante y a la ineficacia de las iniciativas voluntarias, algunas empresas eluden su responsabilidad.
Francia, Alemania y Noruega ya han adoptado legislación sobre debida diligencia empresarial y otros países tienen procesos legislativos en marcha.
– Hoy se ha presentado la Plataforma por las Empresas Responsables que representa a más de 570 organizaciones de sociedad civil y que demandan la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor.
Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con cinco elementos clave:
- Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
- Contenga un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
Según Sara García de USO, “un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico”.
3. Que prevea aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
“Es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos””, indica Marta Mendiola de Amnistía Internacional.
- Designe una autoridad, pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
- Obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.
Para Miguel Ángel Soto de Greenpeace, “La falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas“.
España debe tener voz propia si quiere ser tomada en serio en la promoción de una economía sostenible y responsable