La Plataforma por Empresas Responsables (PER), organizadora de las Jornadas por Una Economía Global Justa y Sostenible los días 13 y 14 de septiembre en Santiago de Compostela, emite una declaración pública en la que se recogen las principales propuestas al Gobierno de España en funciones y al Consejo de la Unión Europea de cara a la actualización de la Orientación General en relación a las negociaciones de la directiva sobre Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, que tendrá lugar en noviembre.
Durante la pasada cumbre de jefas y jefes de estado de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tuvo lugar en Bruselas los pasados 17 y 18 de julio, se adoptó una Declaración Conjunta en la que los líderes se fijan el objetivo de relanzar el diálogo político periódico de alto nivel UE-CELAC.
A lo largo de la Declaración, los gobiernos participantes, junto con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, se comprometieron de forma clara e inequívoca a respetar los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la cooperación internacional para el desarrollo.
Durante la Cumbre UE-CELAC, se reconoció la contribución potencial de la agenda de inversiones de la Global Gateway UE-ALC, con el objetivo de movilizar 45.000 millones de euros de financiación pública y privada hasta 2027.
Recientemente, los días 15 y 16 de septiembre en Santiago de Compostela, los ministros de Economía y Finanzas de la UE y de la CELAC han validado nueve proyectos emblemáticos incluidos en el Global Gateway.
Sin embargo, todos estos compromisos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible corren serio riesgo de caer en saco roto si no se cuenta con una legislación robusta que obligue a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia en sus actividades. La Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022, supone una oportunidad única para proteger y prevenir los abusos a los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos por las empresas. La directiva afectará de manera decisiva a las prácticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las empresas europeas, tanto en la propia UE como en otros países.
Las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajamos para impulsar la debida diligencia en materia de sostenibilidad en Europa llevamos meses demandando a las instituciones europeas que aborden de forma apropiada una serie de cuestiones fundamentales que asegurarían que el texto cumple de forma eficaz el propósito para el que ha sido concebido, y que esté alineado con los principios contenidos en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas hace ya más de diez años.
Las negociaciones entre las instituciones europeas sobre el texto definitivo entra en su fase final durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. El próximo trílogo político tendrá lugar en noviembre, y previsiblemente los gobiernos de la Unión Europea tendrán la oportunidad de actualizar su orientación general para poder avanzar hacia la firma de un texto de compromiso. Es el momento de que el gobierno español y los demás gobiernos de la UE demuestren que su compromiso con las personas y el medio ambiente no son palabras huecas, sino que es real. Y que para ello impulsarán una directiva sólida y eficaz, que acabe con la impunidad de muchas empresas en esta y otras regiones.
Durante las jornadas organizadas por la PER en Santiago de Compostela, numerosas expertas y expertos y personas defensoras debatieron cómo las propuestas de legislación obligatoria sobre derechos humanos y diligencia debida ambiental tanto en la UE como en América Latina pueden desempeñar un papel clave en el avance de la agenda de inversión sostenible.
La Plataforma por las Empresas Responsables, pedimos que la Directiva de debida diligencia de la UE sea ambiciosa y eficaz y que incorpore las siguientes cuestiones:
- Cubrir la cadena global de valor en su totalidad en coherencia con las normas internacionales de referencia.
La debida diligencia, de acuerdo con los principios rectores de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE, debe aplicarse a la totalidad de la cadena global de valor de las empresas, incluyendo el conjunto de relaciones comerciales. - Incluir al sector financiero en la lista de sectores de alto riesgo. Responsabilidad por los abusos cometidos por empresas cuyas actividades financian.
Es necesario reconocer el papel clave y trascendental que desempeña el sector financiero en la economía mundial. Sin la inclusión de las instituciones financieras y su influencia sobre todas las demás empresas, la directiva perderá gran parte de su poder. - Proteger los derechos humanos.
Desde una perspectiva amplia y alineada con los estándares de Naciones Unidas, incluyendo los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. - Clima y definición de impactos ambientales.
Los impactos medioambientales y climáticos de las empresas deben abordarse de manera amplia y adecuada, exigiendo a las empresas que identifiquen, prevengan, mitiguen, cesen y reparen los impactos adversos como parte de su proceso de debida diligencia. - Incorporar la perspectiva de género como elemento nuclear y transversal.
La Directiva debería incluir la obligación de identificar, evaluar y establecer medidas específicas respecto a los impactos sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, quienes sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y agravada. - Establecer con carácter obligatorio las consultas y la participación de los actores sociales y partes interesadas, considerando de manera específica los riesgos sobre los derechos de los pueblos indígenas y originarios
Asegurar un diálogo significativo, informado y de buena fe con las partes interesadas y los actores sociales es esencial para el desarrollo y la implementación de una estrategia de debida diligencia realmente eficaz. - Responsabilidad civil y acceso a la justicia.
La Directiva debe incorporar un sistema efectivo de responsabilidad civil e incluir un conjunto de previsiones que permitan el acceso a la justicia efectiva de las personas y comunidades afectadas. El acceso a la justicia efectiva y a la reparación es un derecho humano, recogido en el conjunto de las Constituciones de los Estados Miembros y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el caso de víctimas de abusos empresariales, el acceso a la justicia se recoge como uno de los tres pilares fundamentales por parte de los principios rectores para empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. - Protección de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente.
Dado el importante rol que tienen las personas defensoras para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, así como los riesgos específicos a los que se enfrentan, es esencial que la Directiva asegure su protección frente a las represalias a las que se ven sometidas. - Compromiso con los derechos de la infancia.
La Directiva debe incluir un reconocimiento explícito de que la infancia requiere una atención especial en cada paso de las obligaciones de debida diligencia, garantizar que no se excluyan los impactos negativos sobre los derechos de las niñas y niños a lo largo de toda la cadena de valor y se les facilite el acceso a la justicia.