47 organizaciones sindicales y de sociedad civil, entre las que se encuentra la Plataforma por las Empresas Responsables, envían una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiéndole que demuestre que la UE se toma en serio la lucha contra los abusos empresariales.
A pesar de la promesa de publicar una propuesta «sólida y equilibrada» en 2021, tras varios retrasos en la publicación de la iniciativa legislativa de gobierno corporativo sostenible, se ha conocido a través de medios de comunicación que se retrasa a 2022.
Es inaceptable que la ley -que pretende ayudar a millones de personas a exigir justicia contra las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas y salvaguardar nuestro medio ambiente y el clima- se retrase por tercera vez.
El aplazamiento de la acción legislativa perpetúa una situación en la que se permite que las empresas se beneficien del trabajo forzoso en sus cadenas de suministro mundiales; en la que las comunidades locales y los pueblos indígenas son tachados de criminales, atacados y asesinados por defender nuestro planeta; en la que los trabajadores viven con miedo a sus condiciones de trabajo; en la que las mujeres sufren discriminación por motivos de género y salarios bajos que no les permiten vivir con dignidad; y en la que se hace esperar a las víctimas de abusos más de una década para que se haga justicia.
Este retraso inexplicable corre el riesgo de socavar la confianza que los ciudadanos, la sociedad civil y las víctimas de los abusos de las empresas han depositado en la UE para promover una actividad empresarial sostenible y responsable tras la pandemia de COVID y la crisis del clima y la biodiversidad.
La consulta pública de la Comisión dio lugar a medio millón de respuestas de los ciudadanos y de la sociedad civil de todo el mundo que pedían una ley fuerte y ambiciosa. Además, en una reciente encuesta de opinión de YouGov, más del 80 por ciento de los ciudadanos de varios países de la UE dijeron que querían una ley fuerte de la UE para responsabilizar a las empresas de sus violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente.
El Parlamento Europeo también ha pedido a la Comisión que presente una legislación sólida que introduzca la debida diligencia vinculante en materia de derechos humanos y medio ambiente en marzo de este año, con el apoyo de los principales grupos políticos.
En la carta se afirma que es más importante que nunca garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas, así como un marco jurídico coherente que reconozca la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor mundial, al tiempo que se mejora el acceso de las víctimas a la justicia.
La carta pide a la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, que reitere públicamente su compromiso de hacer sostenibles las cadenas de suministro de las empresas activas en el mercado de la UE mediante una legislación ambiciosa y vinculante en materia de derechos humanos y diligencia debida medioambiental.
También pedimos plena transparencia sobre las razones del retraso y sobre el proceso de toma de decisiones en adelante.
Antes este retraso algunos estados miembros ya han reaccionado. Holanda ha anunciado que el gobierno elaborará una ley nacional sobre debida diligencia en derechos humanos y medioambientales. El ministro holandés de Comercio Exterior y Desarrollo, tras el anuncio del nuevo retraso dijo “Mi gran preferencia es que legislemos a nivel europeo. Por lo tanto, estoy muy decepcionado de que la Comisión Europea (CE) haya vuelto a posponer su propuesta sin dar una fecha concreta”. La decisión de introducir la legislación está en consonancia con la postura anterior del gobierno holandés de iniciar el proceso de elaboración en caso de que no haya avances o sean lentos a nivel europeo. El ministro De Bruijn desea utilizar la ley holandesa para presionar a la Comisión Europea y evitar la pérdida de tiempo.