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Cuando no respetar los derechos humanos y el medio ambiente tiene coste “cero” para las empresas

Hace ya más de cinco años que Alianza por la Solidaridad-ActionAid denunció públicamente a la empresa española Grupo Cobra, (perteneciente al Grupo ACS), por mala praxis como subcontratista del proyecto RENACE en Guatemala. Un proyecto para construir una presa hidroeléctrica en el río Cahabón que se ha construido sin consultar a la población indígena que vive en el territorio, según se establece en la legislación nacional e internacional, y que estaba colapsado el cauce de uno de los más grandes ríos de Centroamérica.

Lo que se reclamaba era el cumplimiento de su “debida diligencia”. Es decir, la obligación de las empresas de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus actividades. Además de a la empresa, también incluye las actividades de sus subsidiarias, subcontratistas, proveedores, etc.

Lo que sí se pudo constatar es que el desarrollo de este megaproyecto estaba teniendo un impacto negativo sobre los medios de vida y los derechos colectivos de 29.000 indígenas en la región de Alta Verapaz (Guatemala). Tras implementar las fases II, III y IV, el Grupo Cobra renunció a seguir con la construcción de la V fase.

ACS, la empresa matriz, forma parte de la Red Española del Pacto Mundial, dispone de una Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desde febrero de 2016, y además, cuenta con diversos reconocimientos por su “compromiso con la sostenibilidad y la generación de valor compartido”.

A pesar de ello, realizó la construcción de parte del complejo hidroeléctrico sin llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Estado de Guatemala en 1996) y sin un estudio de impacto ambiental y social global para todo el complejo. Ambas cuestiones fueron admitidas por la propia empresa promotora en uno de sus informes[1]

Ante los efectos negativos sobre las comunidades indígenas y tras más de un año de campaña para que asumieran su deber de debida diligencia, Alianza por la Solidaridad-ActionAid hizo uso del Punto Nacional de Contacto (PNC) al entender que la empresa española estaba vulnerando las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que recogen la obligación de actuar con la “debida diligencia”.

El Punto Nacional de Contacto (PNC), es un organismo interministerial español cuya finalidad de divulgar, promover y poner en práctica las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. En 2017 interpusimos la denuncia, siendo la primera ONG en España que hacía uso del PNC español. Ya fuera por desconocimiento o por la desconfianza en un mecanismo voluntario su utilización, tras su establecimiento en el año 2014, no había superado los seis casos.

Tras el proceso, que ha durado 2 años, hemos constatado tanto la debilidad de las políticas voluntarias de RSC como la fragilidad de este tipo de mecanismos para asegurar que las empresas españolas consideren la debida diligencia en sus acciones. Por ejemplo, como parte del proceso y para verificar la buena fe, el PNC requirió a Alianza-ActionAid que se abstuviera de realizar comunicaciones sobre el caso. Esto suponía la suspensión de las actividades de acompañamiento de la lucha de las comunidades indígenas frente al proyecto RENACE. Sin embargo, el Grupo Cobra – ACS no paralizó sus actividades en el proyecto, finalizando las fases III y IV en ejecución en el momento de la denuncia. Una petición asimétrica y desproporcionada, en ningún momento se solicitó lo mismo para la empresa denunciada, permitiendo que continuase con sus actividades y con los impactos negativos que se están denunciando.

Tras la emisión del informe final con las recomendaciones del PCN para el Grupo Cobra, pedimos que se hiciera su seguimiento. Entre las recomendaciones se solicitaba a la empresa que comunicara a los afectados que “lamenta los posibles perjuicios que haya podido causar esta omisión por su parte del deber de vigilancia de acuerdo con las Líneas Directrices de la OCDE (relacionadas con los derechos humanos), así como su propósito de colaborar con las autoridades judiciales guatemaltecas para la mitigación y remediación de los mismos”[2]. Para que el PNC hiciera un seguimiento a sus recomendaciones fue necesario hacer una solicitud expresa que debió ser sometida en una reunión plenaria del PNC. Tras más de un año llegó la respuesta: tras ponerse en contacto con la empresa su respuesta fue que no había llevado a la práctica las recomendaciones al no estar de acuerdo con ellas. Con esta última actuación el PNC daba por cerrado el caso. La respuesta de la empresa, eludiendo las recomendaciones, tampoco será publicada.

¿De qué sirven los mecanismos voluntarios como el PNC y/o la Responsabilidad Social Corporativa si su cumplimiento no es obligatorio? Si nos guiamos por este caso, de nada. No deja de ser una cortina de humo que, aunque en algunos casos pueda generar cambios en conductas empresariales, sirve de manera habitual para que las empresas hagan un lavado de imagen, eludiendo un verdadero compromiso.

Por eso, consideramos urgente que el Estado Español cuente con una ley de debida diligencia como ya está en marcha en otros países. Para conseguirlo, más de 600 organizaciones hemos creado la Plataforma por las Empresas Responsables. ¿Nuestro objetivo? la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales. Ni más ni menos que cumplir con su responsabilidad para con el planeta y con las personas que vivimos en él.


[1] RENACE “Una apuesta por el futuro” de RENACE, octubre de 2016

[2] Ver informe del caso en Informe Final caso E-00007 (comercio.gob.es)