- La Plataforma por Empresas Responsables se suma a un consenso generalizado en la ciudadanía y pide que España lidere durante la Presidencia española del Consejo de la UE la aprobación definitiva de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
- 9 de cada 10 españoles está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes*, según las encuestas de YouGov.
- Los marcos voluntarios no han funcionado. En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 informa que hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos, según un estudio del Observatorio de RSC.
- “Como país, y como Unión Europea, no nos podemos permitir que se sigan cometiendo abusos corporativos a manos de empresas europeas y españolas dentro y fuera de nuestras fronteras. El momento de actuar es ahora: España tiene una oportunidad única para impulsar la aprobación de una norma que garantice que todas las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales”, afirma Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables.
Madrid, 5 de julio de 2023
La Plataforma por Empresas Responsables se suma a un consenso generalizado en la ciudadanía y pide que España lidere durante la Presidencia española del Consejo de la UE la aprobación definitiva de la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Según las encuestas de YouGov, 9 de cada 10 españoles está de acuerdo con que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes*, Asimismo, más de 100 organizaciones latinoamericanas y del Caribe han sumado fuerzas y pedido a la Presidencia española de la UE a través de una carta conjunta una ley contra los abusos de las multinacionales.
Los marcos voluntarios no han funcionado. En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 informa que hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos, según un estudio del Observatorio de RSC.
“Como país, y como Unión Europea, no nos podemos permitir que se sigan cometiendo abusos corporativos a manos de empresas europeas y españolas dentro y fuera de nuestras fronteras. El momento de actuar es ahora: España tiene una oportunidad única para impulsar la aprobación de una norma que garantice que todas las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales”, afirma Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables.
En 2021, más de 28 millones de personas experimentaron condiciones de trabajo forzoso a nivel global, de las cuales 4,1 millones de personas están en Europa o Asia Central. El 63% de las condiciones de explotación laboral tienen lugar en el sector privado.
Además, se estima que 160 millones de niños y niñas trabajan a nivel global. Solo en los campos de cultivo de cacao en Ghana y Costa de Marfil trabajan 1,5 millones de niños y niñas, realizando tareas peligrosas como manipular productos químicos, utilizar machetes o llevar cargas pesadas. La producción de cacao en estos países supone dos tercios de las importaciones de la UE.
En el ámbito medioambiental, la deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, una superficie equivalente a California, siendo la agricultura comercial una de las principales causas. Además, en América Latina, donde España es el primer inversor europeo y el segundo a nivel mundial, 150 activistas ambientales fueron asesinados, de los cuales el 40% pertenecían a pueblos indígenas.
“Estos datos son sólo la punta del iceberg y constatan la necesidad urgente de una normativa europea que obligue a las empresas a prevenir, mitigar y reparar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades”, añade María Bardolet, responsable de Empresas Justas de Oxfam Intermón, entidad integrante de la Plataforma por Empresas Responsables.
Para garantizar una economía global justa y sostenible de manera efectiva, la Plataforma por Empresas Responsables exige, pide que la Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad debería aplicarse en la totalidad de la cadena global de valor, ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida, como las instituciones financieras y bancarias, e impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia.
“No se trata de un problema local. Las víctimas de los abusos corporativos debemos tener igualdad de acceso a la reparación de los daños causados y a una justicia efectiva. Es urgente y posible establecer soluciones estructurales con el compromiso de todos los actores y todos los países“ concluye Marina Paula Oliveira, defensora de derechos humanos y testigo del caso Brumadinho en Brasil, una negligencia dentro del sector minero que vertió 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y causó 270 muertes en la región.
*Nota técnica de la encuesta YouGov: La encuesta se ha llevado a cabo por la empresa YouGov Plc mediante un cuestionario online administrado aleatoriamente a un panel de más de 800.000 personas de distintos países europeos, seleccionando posteriormente la muestra de acuerdo con las características de cada país. En el caso español el tamaño total de la muestra fue de 1.072 adultos (nivel de confianza 95%, con un error muestral de +/-3%). Las cifras se han ponderado y son representativas de todos los adultos de España (mayores de 18 años). El trabajo de campo se llevó a cabo telemáticamente entre el 7 y el 9 de febrero de 2023.
Sobre Plataforma de Empresas Responsables
Plataforma por Empresas Responsables es una alianza de 20 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y una base social de 3 millones de socios: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos España, Asufin, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, Educo, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundación Paz y Solidaridad, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO. Estas entidades trabajan de manera conjunta para que exista legislación sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y sostenibilidad.