Autoridad de control
Garantizar la eficacia de la Autoridad de Control
La efectividad de la ley depende de quién la vigila. No basta con aprobar normas; es imprescindible contar con un organismo sólido, independiente y con recursos que garantice que las empresas cumplen sus obligaciones de diligencia debida.
Limitaciones del texto aprobado
- Falta de estándares estrictos y riesgo de que algunas partes de la ley limiten su capacidad de sanción.
- Calendario insuficiente: Esperar a 2028 para ponerla en marcha impedirá desarrollar la capacidad técnica necesaria para supervisar cadenas de valor complejas.
Recomendación PER
Plena independencia y autonomía. La autoridad de control debe ser un órgano administrativo exclusivo y autónomo..
Recursos y equipos expertos. La autoridad debe tener un presupuesto blindado y contar con equipos multidisciplinares expertos en derechos humanos, medio ambiente y derecho laboral.
Transparencia total y lista pública. Obligación de publicar la lista de empresas sujetas a la ley y emitir informes periódicos sobre investigaciones, reclamaciones y sanciones impuestas
Protección al denunciante. Garantizar canales seguros que permitan denuncias anónimas sin que las víctimas o testigos pierdan sus derechos procesales.
Exclusión de contratación pública. Las empresas que incumplan gravemente sus obligaciones de debida diligencia deben ser excluidas automáticamente de los contratos públicos.
Designación urgente. La creación de este organismo debe iniciarse en esta legislatura. El desarrollo de su capacidad inspectora no puede esperar tres años más.
Historias de impacto
El informe “Renace-Cobra (ACS): la hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala” (Alianza por la Solidaridad, 2020), revela cómo la falta de un estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico RENACE y la no realización de una consulta previa, libre e informada sobre sus bienes naturales permitió a la empresa Cobra-ACS llevar a cabo el proyecto sin la diligencia debida requerida. Supuso el colapso del cauce del río Cahabón y afectó a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.
En noviembre de 2017, Alianza por la Solidaridad presentó una denuncia contra Grupo COBRA con el Punto Nacional de Contacto (PNC) español de la OCDE. Éste concluyó que la empresa, en su calidad de contratista, no estaba exenta de realizar la debida diligencia, y que la prevención y mitigación de los impactos de sus actividades comerciales era responsabilidad de la empresa.
