Responsabilidad civil y acceso a la justicia
Reforzar la responsabilidad civil y acceso a la justicia
El Ómnibus I desmantela el sistema armonizado de responsabilidad civil. Asímismo, elimina la posibilidad de que terceros actúen en nombre de personas afectadas y suprime la aplicación obligatoria de la norma cuando los hechos ocurren fuera de la UE. Lejos de simplificar, estos cambios exponen a las empresas a una confusión de regímenes jurídicos diferentes. En conjunto, este retroceso amenaza con erosionar uno de los pilares fundamentales de aplicación de la Directiva.
Limitaciones del texto aprobado
- Inseguridad jurídica: Sin una ley clara, los tribunales deberán decidir caso por caso la ley a aplicar en reclamaciones internacionales. Esta incertidumbre dificulta que víctimas y empresas prevean sus derechos y obligaciones
- Desigualdad legal: las víctimas pagan el precio de la complejidad: Las grandes empresas pueden usar sus recursos para alargar los juicios cuestionando qué ley debe aplicarse. Esto obliga a las víctimas con menos recursos a asumir costes y retrasos, dificultando su acceso a una reparación justa y agravando la desigualdad en el proceso legal.
- Riesgo de impunidad por daños fuera de la UE: Sin normas claras, las empresas podrían eludir su responsabilidad por daños cometidos en el extranjero si se aplican leyes locales menos exigentes. Esto permitiría que el estándar de la Directiva fuera ignorado, limitando su alcance solo a la UE y traicionando su objetivo de protección global.
- Barreras a la representación: Al eliminar la obligación de permitir que ONG o sindicatos representen a las víctimas, se dificulta el acceso a la justicia ade las personas más vulnerables.
Recomendación PER
Garantizar la responsabilidad clara. La ley debe explicitar que si una empresa causa daños por no vigilar su actividad (o la de sus socios), debe hacerse cargo de las consecuencias.
Asegurar la indemnización total. Las víctimas deben poder demandar ante jueces españoles y recibir una compensación que cubra todo el daño sufrido, sin techos ni obstáculos.
Justicia para abusos fuera de nuestras fronteras. La ley española debe prevalecer y aplicarse siempre que la empresa responsable esté en territorio español, independientemente de dónde haya ocurrido el daño.
Legitimar a ONG y Sindicatos. Es vital que las organizaciones civiles puedan representar a las víctimas. Es la única forma de equilibrar la balanza frente al poder de las grandes corporaciones.
Eliminar barreras judiciales. Simplificar procesos, reducir cargas financieras y garantizar el acceso a pruebas clave para garantizar la protección de las víctimas.
Historias de impacto
El 15 de enero de 2022 se produjo el mayor desastre ecológico de la historia reciente en el mar de Perú, causado por el derrame de casi 12.000 barriles de crudo durante las operaciones de descarga de un buque en las instalaciones de la Refinería La Pampilla, propiedad de Repsol.
El informe “5 respuestas pendientes de Repsol” (Oxfam Intermón, CooperAcción, Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú, 2024), denuncia que después de dos años de la catástrofe miles de familias no han recibido una compensación justa para paliar el impacto del vertido. Pone de manifiesto que el proceso de negociación y compensación liderado por la empresa ha sido deficiente, perjudicando especialmente a los pescadores y sus familias.
