Más de 90 destacados economistas de la UE, incluidos españoles, han lanzado una advertencia en relación con el paquete Ómnibus I de la Comisión Europea, afirmando que supone un retroceso significativo que podría poner en peligro el liderazgo mundial de la UE en sostenibilidad y derechos humanos. Los economistas sostienen en su declaración común que los intentos de diluir la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) dentro del paquete Ómnibus I de la Comisión Europea no sólo son políticamente miopes, sino también económicamente infundados. Instaron a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y a los miembros del Parlamento Europeo a que garanticen una aplicación oportuna y ambiciosa de la Directiva sobre la diligencia debida en la sostenibilidad empresarial (CSDDD) y de otros reglamentos del Acuerdo Verde Europeo.
«Las decisiones económicas son decisiones políticas. Con la propuesta Ómnibus, la Comisión Europea está optando por recompensar el cortoplacismo de los grupos de presión empresariales a expensas de las personas, el planeta y la resiliencia económica a largo plazo» Profesor Johannes Jäger.
La declaración conjunta de los economistas desmonta la afirmación de que la normativa sobre sostenibilidad repercute negativamente en la competitividad. En su lugar, dilucidan los factores estructurales subyacentes que contribuyen a la desaceleración económica de Europa, y que van desde décadas de inversión atrasada en infraestructuras públicas y servicios públicos debido al declive de la demanda interna en Europa, hasta las políticas de bajos salarios y la redistribución de las ganancias de bienestar de abajo arriba. Además, subrayan que la normativa sobre sostenibilidad está empezando a surtir efecto, y cualquier modificación de los marcos existentes podría socavar significativamente la estructura jurídica y crear incertidumbre entre los inversores.
Principales conclusiones:
- Los costes de cumplimiento son insignificantes para las grandes empresas en la aplicación de las obligaciones de diligencia debida – sólo el 0,009% de los ingresos por término medio (estudio de la London School of Economics).
- Las empresas apoyan las obligaciones de diligencia debida; por ejemplo, sólo el 7% de las empresas alemanas
se oponen a tales medidas (Handelsblatt Research Institute, 2024). - Riesgos para la confianza de los inversores y la coherencia normativa si se revierten las normas de sostenibilidad.
