Organizaciones europeas de la sociedad civil celebran la conclusión de la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, que determina que la Comisión Europea incurrió en mala administración al revertir protecciones clave en materia ambiental y de derechos humanos. La decisión marca un precedente significativo para la transparencia, la democracia y la defensa de los derechos humanos y ambientales en la UE.
Esta resolución llega tras las quejas presentadas por European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) junto con ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous y Transport & Environment (T&E). Las organizaciones denunciaron los procesos opacos y poco democráticos empleados por la Comisión, que dieron prioridad a los intereses corporativos por encima del bienestar público y ambiental.
Omnibus I y las irregularidades señaladas
En su dictamen, la Defensora del Pueblo concluye que la Comisión vulneró principios fundamentales de buena administración —como la toma de decisiones transparente, inclusiva y basada en evidencia— en dos procesos clave:
- El paquete Omnibus I, que introdujo modificaciones en la legislación de sostenibilidad empresarial.
- La “simplificación” de la Política Agrícola Común (PAC) de 2024.
Estas conclusiones se sustentan en la investigación abierta tras la presentación, a principios de año, de una queja por parte de ocho organizaciones que alertaban del procedimiento utilizado para adoptar el primer paquete Omnibus, cuyo objetivo incluía debilitar normativas esenciales de responsabilidad empresarial, entre ellas la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).
La investigación critica duramente a la Comisión por:
- Omitir la evaluación de impacto obligatoria para justificar cambios legislativos sustanciales, alegando una supuesta “urgencia”.
- Limitar la participación de actores sociales, realizando consultas dominadas por representantes de la industria y excluyendo de facto a la mayoría de la sociedad civil.
- No aportar pruebas de haber realizado la evaluación de coherencia climática exigida por la Ley Europea del Clima.
Un mensaje claro para los próximos paquetes legislativos
Ante la llegada de nuevos paquetes Omnibus que podrían afectar a la protección ambiental en múltiples ámbitos, las organizaciones advierten que la decisión de la Defensora del Pueblo envía un mensaje inequívoco: las leyes no pueden debilitarse mediante procesos apresurados y carentes de garantías democráticas.
La resolución también se suma a otras dos investigaciones abiertas por la Defensora del Pueblo sobre fallos procedimentales similares en distintos expedientes legislativos, lo que evidencia un problema sistémico en el respeto de los principios de elaboración normativa de la UE.
Las organizaciones instan a la Comisión Europea a poner fin de inmediato al uso de procesos poco transparentes y antidemocráticos para modificar o rebajar protecciones esenciales en materia ambiental y de derechos humanos.
