Ayer, los embajadores de los Estados miembros de la UE en COREPER II alcanzaron un acuerdo sobre la Orientación General sobre la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad CSDDD, por sus siglas en inglés). Este acuerdo otorga a la próxima Presidencia Danesa del Consejo de la UE un mandato formal para negociar en los trílogos con el Parlamento y la Comisión.
El texto supone un giro drástico y alarmante respecto a la ambición y el propósito con los que se construyó originalmente la CSDDD, debilitando de forma significativa obligaciones clave en materia de acción climática, protección ambiental y respeto de los derechos humanos.
“Lo que estamos viendo no es una mejora regulatoria, sino una marcha atrás inaceptable. En lugar de avanzar hacia una economía más justa, sostenible, y que respete los derechos humanos, los gobiernos están priorizando los intereses de corto plazo de unas pocas empresas. Están dejando sin protección a quienes más la necesitan: las personas afectadas por abusos y al planeta en crisis.” — Amaya Acero, Coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables (PER).
En concreto, la Orientación General propone:
- Exige a las empresas que centren su diligencia debida en los proveedores de primer nivel, a pesar de que los riesgos suelen encontrarse más allá en la cadena de suministro. En la práctica, las grandes empresas no estarían obligadas a abordar graves abusos contra los derechos humanos en los niveles inferiores de sus cadenas —como el trabajo forzoso de Uigures en el sector automovilístico o el trabajo forzoso e infantil en la industria textil—, salvo que reciban información adicional proporcionada por terceros.
- Debilita drásticamente las obligaciones relativas a los planes de transición climática, vaciando de contenido una de las pocas herramientas de la directiva para garantizar la acción empresarial frente al cambio climático.
- Aumenta el umbral relativo al tamaño de las empresas a 5.000 empleados, en más del 70 % el número de empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación.
- Según el CSDDD Datahub de SOMO, este recorte implicaría que la CSDDD solo se aplicaría a 997 empresas, frente a las aproximadamente 3.300 a las que se aplica actualmente —lo que ya representa aproximadamente apenas un 0,05 % del total de empresas de la UE.
Desregulación sin un propósito claro
En febrero de este año, la Comisión presentó la propuesta Ómnibus como un impulso a la competitividad. Desde entonces, más de 90 economistas destacados de la UE han advertido de que la propuesta Ómnibus I representa un serio retroceso para la economía europea, ignorando la necesidad de hacer más resilientes y sostenibles las cadenas de valor.
A costa de las víctimas y los grupos de interés
La Orientación General deja a las víctimas enfrentándose a sistemas jurídicos nacionales fragmentados y complejos, poco adecuados para abordar casos transnacionales. Al centrar la diligencia debida en el primer nivel de la cadena de suministro, se excluye deliberadamente a trabajadores y otras partes interesadas de participar con las empresas en la identificación de riesgos antes de que se produzcan daños.
«Si la CSDDD se limita al proveedor directo, serán palabras vacías para los trabajadores. Nos dejarán fuera. Es inaceptable.»
— Kalpona Akter, activista laboral de Bangladesh
«Lo que Europa está haciendo en realidad es convertir la impunidad empresarial en norma. Hacer las leyes más simples no es lo mismo que desmontarlas. Esto no es simplificación, es desregulación, pura y dura. Debilitar las [obligaciones] climáticas es pura hipocresía, una sentencia de muerte para nuestras comunidades.»
— Nick Omonuk, activista por la justicia climática en Uganda
Un proceso que genera preocupación por el Estado de derecho y la elaboración democrática de las leyes.
Desde el inicio, el proceso del paquete Ómnibus I ha supuesto un preocupante desviación de los principios democráticos de la elaboración legislativa y del Estado de derecho. La Defensora del Pueblo Europea ya ha iniciado una investigación formal sobre la propuesta Ómnibus de la Comisión, a raíz de las denuncias presentadas pro ONGs que alegan violaciones de procedimiento, incluyendo la ausencia de consultas y evaluaciones de impacto.
Mucho está en juego
Esta ola general de desregulación representa una batalla entre las mayorías —trabajadores, comunidades, generaciones futuras, empresas responsables— y una minoría que se beneficia del statu quo. Europa debe priorizar la sostenibilidad, la resiliencia de las cadenas de suministro y la acción climática.
Instamos al Consejo a corregir el rumbo en las negociaciones en los trílogos y al Parlamento Europeo a presentar un texto constructivo que:
- Restablezca la integridad democrática,
- Mantenga sólidas protecciones medioambientales y de derechos humanos,
- Refuerce las obligaciones climáticas,
- Garantice el acceso real a la reparación para las víctimas, y
- Rechace los falsos dilemas entre sostenibilidad y competitividad.
