No es simplificación, sino una desregulación total diseñada para desmantelar la rendición de cuentas de las empresas
El borrador filtrado de la propuesta Ómnibus representa un asalto directo al propio marco de sostenibilidad de la UE, que desmantela de manera efectiva elementos clave de la Directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD).
El borrador de la propuesta revela que la Comisión Europea está dispuesta a abandonar a las víctimas de abusos corporativos y a anular sus propios compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Si se adopta de esta manera, los cambios propuestos equivaldrían a poner fin a elementos clave del Pacto Verde Europeo. Esta acción no solo es un agravio para las personas y las comunidades afectadas por abusos corporativos en casos como el desastre de Rana Plaza, sino que también representa un retroceso significativo en la lucha por la justicia social y ambiental.
El Ómnibus desmantelará la CSDDD en su núcleo
Lejos de ser una mera «simplificación» de las obligaciones de información sobre sostenibilidad, como la Comisión había descrito originalmente el Ómnibus, el borrador desarticula los cimientos mismos de la CSDDD, al eliminar sus instrumentos centrales. Las obligaciones de diligencia debida se reducen a un ejercicio burocrático cosmético sin mecanismos significativos de aplicación, en lugar de integrar herramientas efectivas y acordadas internacionalmente para la prevención, mitigación y reparación de abusos corporativos. La propuesta limita severamente el deber de diligencia debida de las empresas al centrarse en los socios comerciales directos (los llamados de «primer nivel») y restringirlo para aquellos con menos de 500 empleados. Esto ocurre después de que la Comisión Europea invitara este mes a numerosas empresas de petróleo y gas a sus eventos de «consulta» y pasara por alto de manera flagrante el hecho de que las violaciones más graves de los derechos humanos y del medio ambiente suelen ocurrir en los eslabones más alejados de la cadena de suministro, especialmente entre proveedores más pequeños y menos establecidos. Las empresas tendrían menos obligaciones de involucrarse con las partes afectadas a lo largo de su proceso de gestión de riesgos, a pesar de que esta ha demostrado ser una herramienta clave para prevenir daños. Además, no estarán obligadas a poner fin a sus relaciones comerciales con ninguno de sus socios, incluso en casos donde continúen perpetrando o participando en abusos. Por último, solo tendrán que supervisar la eficacia de sus políticas de diligencia debida dos veces por década, en lugar de una vez al año.
Las obligaciones climáticas se reducen a mero “greenwashing” en esta propuesta, ya que se elimina la obligación de implementar planes de transición climática, permitiendo a las empresas dejarlos de lado sin ninguna consecuencia ni supervisión tras su adopción.
Se eliminan mecanismos esenciales de cumplimiento de la CSDDD
Mientras tanto, se han desmantelado algunos de los mecanismos esenciales de aplicación que daban sentido a la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), limitando severamente el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y perpetuando un mosaico inconsistente de normas de responsabilidad que dificultan la posibilidad de recurrir a la vía legal en la UE.
Se ha eliminado el requisito clave de que los Estados miembros garanticen la responsabilidad civil por incumplimientos de la diligencia debida, así como el derecho de las víctimas a ser representadas por ONG, sindicatos e instituciones nacionales de derechos humanos en los tribunales en caso de no contar con los medios suficientes para representarse a sí mismas.
Estos retrocesos sitúan ahora los estándares de la UE por debajo de los marcos internacionales voluntarios ya existentes, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) y las Directrices de la OCDE, convirtiendo la CSDDD en un mero ejercicio de casilla de verificación, en total contradicción con su objetivo original de aplicar normas internacionales de conducta empresarial responsable.
La Plataforma por Empresas Responsables rechaza firmemente esta propuesta
La Plataforma por Empresas Responsables pide al Colegio de Comisarios que se oponga a esta propuesta y detenga este desastre en ciernes. De lo contrario están traicionando a las víctimas de los abusos corporativos en todo el mundo.
Declaración de Amaya Acero, Coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables
«Esto no es una simplificación, sino una desregularización de la responsabilidad empresarial que socava la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Con esta propuesta, la Comisión Europea no solo permite que continúen prácticas empresariales perjudiciales, sino que también se aleja de los valores fundacionales de la UE de justicia, protección ambiental y responsabilidad. Al reducir las obligaciones de diligencia debida, la Comisión prioriza los intereses corporativos sobre la justicia y la rendición de cuentas, dificultando que trabajadores, comunidades y víctimas de abusos corporativos puedan buscar reparación.”
