Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la Plataforma por Empresas Responsables ha enviado a todas las fuerzas políticas una petición para que se comprometan a transponer de forma urgente y eficaz la Directiva europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad.
Estas elecciones abren un nuevo ciclo político. Entre las tareas que heredará el próximo Gobierno está incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2024/1760, que obliga a las grandes empresas a identificar, prevenir y reparar los impactos de sus actividades y cadenas de valor sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Por eso hemos pedido a todos los partidos que incluyan esta transposición en sus programas y en su actividad institucional. Tres razones lo justifican:
Es urgente: Quienes sufren los abusos en las cadenas de valor llevan demasiado tiempo esperando. El paquete Ómnibus I ya retrasó la transposición y el nuevo plazo termina en julio de 2028. Cada retraso deja sin protección a quienes sufren los abusos, por eso la transposición debe arrancar al inicio de la legislatura.
Tiene que funcionar. Tras las modificaciones del Ómnibus I, buena parte de la eficacia de la norma depende de cómo la incorpore cada país. Una buena ley es la que se puede aplicar: previene los abusos y protege a las víctimas, cuenta con una autoridad que la supervisa, garantiza el acceso a la justicia y a la reparación, y asegura la participación de quienes conocen los riesgos.
Reglas claras para las empresas y garantías para las personas y el planeta. Las empresas necesitan seguridad jurídica y las mismas reglas de juego, hacer las cosas bien no puede ser una desventaja. Las personas y el planeta necesitan que se prevengan los abusos y los daños ambientales en las cadenas de valor, y que se reparen cuando ocurran. Una buena ley protege derechos y da certezas. Ganamos todos.
Lo que pedimos:
Que la transposición incluya:
- Urgencia: que arranque al inicio de la legislatura.
- Una autoridad de control plenamente independiente, con medios para supervisar y sancionar.
- Un régimen claro de responsabilidad civil que garantice el acceso a la justicia a las víctimas y a la reparación del daño.
- Participación significativa de las partes interesadas: trabajadores, comunidades, sindicatos y sociedad civil.
- Perspectiva de género en el conjunto de la norma.
Durante la campaña analizaremos qué dicen los programas electorales sobre esta cuestión.
