El pasado 18 de septiembre, miembros de la Plataforma por Empresas Responsables (PER) y la III Caravana por la Ecología Integral nos reunimos para conocer de primera mano los efectos devastadores del extractivismo y la minería en América Latina. Los integrantes de la caravana son defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente, representantes de territorios de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú).
¿Qué es la III Caravana por la Ecología Integral?
La III Caravana por la Ecología Integral, organizada por la Red Iglesias y Minería, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), ha iniciado una gira europea para sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos sobre la urgente necesidad de actuar contra las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales provocados por las industrias extractivas. En España, la red Enlázate por la Justicia, también se ha sumado a esta iniciativa.
El extractivismo y la minería: una amenaza para los pueblos
El principal objetivo de esta Caravana es hacer incidencia política y eclesial para exigir responsabilidad a los gobiernos y a las grandes corporaciones. Durante el encuentro, los defensores presentaron una cruda realidad: las empresas mineras, bajo la promesa de «progreso», no solo explotan los recursos naturales, sino que también vulneran sistemáticamente los derechos de las comunidades, afectando su calidad de vida, su espiritualidad y su relación ancestral con el territorio.
Railson Guajajara, líder indígena de Brasil denunció la violencia ejercida por las empresas mineras en el estado de Maranhão. “No hay diálogo, llegan con las máquinas y sin consulta previa”, explicó. En muchos casos estas empresas controlan el acceso al agua y saneamiento, construyendo muros que impiden a las comunidades acceder a sus propios recursos. Sus comunidades son silenciadas y continuamente amenazadas.
Por su parte, Vito Calderón, defensor peruano, denunció cómo las empresas incumplen sus promesas de desarrollo y, cuando las comunidades alzan la voz, son criminalizadas. “Tenemos normativas, pero sin implementación no sirven de nada”, subrayó.
Joan Jara Muñoz, defensora chilena, agregó que los procesos son lentos y excluyen a los jóvenes y a las comunidades indígenas de la toma de decisiones. “La vida de nuestros territorios no se negocia”, afirmó con contundencia.
Ytaxaha Braz Pankararu, representante indígena de Brasil, ofreció un testimonio sobre cómo su territorio, que abarca ríos y recursos vitales para su comunidad, ha sido «vaciado» por proyectos de monocultivos y minería. Estas actividades no solo afectan a la vida animal y a los ecosistemas, sino que también despojan a las comunidades indígenas de su identidad y espiritualidad. «Nos están dejando sin nada», afirmó, haciendo un llamado urgente a detener este ciclo de violencia y explotación.
Por último, Valentina Vidal de Argentina, enfatizó la importancia de la autodeterminación de los pueblos y expresó su rechazo rotundo a la minería en sus territorios: «No queremos minería, creemos en la autodeterminación de nuestros pueblos».
Información completa en Dossier: Transición Minero-Energética: ¿Solución o sacrificio de los pobres y la tierra?
¿Puede ser la CSDDD una herramienta efectiva?
Durante el encuentro, se debatió también sobre la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) de la Unión Europea, que busca responsabilizar a las empresas sobre el impacto de sus actividades en derechos humanos y medioambiente. La PER y los defensores presentes coincidieron en que es importante que esta normativa en su transposición a legislación española vaya más allá de los mínimos establecidos. Amaya Acero, representante de la PER, subrayó la importancia de incluir en la directiva la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, los defensores se mostraron escépticos sobre la eficacia de esta herramienta en América Latina si no se implementa adecuadamente. Los líderes insisten en que debe existir un verdadero mecanismo de consulta, reclamación y acceso a la justicia, que no solo quede en palabras sino en acciones concretas que respeten la vida de sus territorios y comunidades.
Un llamado a la acción
El encuentro concluyó con un mensaje claro: la necesidad de que la transición minero-energética respete los derechos de los pueblos, priorizando la justicia ambiental y los derechos humanos. Esto es especialmente crucial en los territorios más afectados por la intensificación de la actividad minera, que conlleva graves violaciones a los derechos humanos y al medioambiente.
La III Caravana por la Ecología Integral continuará su gira por Europa hasta el 11 de octubre, buscando sensibilizar y movilizar a la sociedad y a los gobiernos para frenar las violaciones de derechos humanos y proteger el medioambiente.
Las voces de estos defensores resuenan con fuerza, exigiendo un cambio radical que permita un futuro sostenible y justo para las comunidades más afectadas por la explotación desenfrenada de los recursos naturales.
