Desde la Plataforma por Empresas Responsables, con una base social de tres millones de personas, hemos remitido una carta abierta al Presidente del Gobierno y a los principales ministerios implicados para exigir una respuesta firme ante los retrasos en la normativa de sostenibilidad.
La petición es clara: el Gobierno de España debe tramitar de forma urgente la transposición de la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD) para que su integración en nuestro ordenamiento jurídico sea una realidad antes de que finalice la presente legislatura.
No se puede esperar a 2028: las víctimas de abusos corporativos y el planeta no pueden seguir esperando.
Nos preocupa profundamente que el plazo de transposición se haya fijado para julio de 2028, lo que supone un retraso de dos años respecto al plan original debido al proceso «Ómnibus». Este aplazamiento ocurre en un contexto de crecientes amenazas contra los derechos humanos y la sostenibilidad, donde la falta de una norma clara solo genera inseguridad jurídica para las empresas y desprotección para las víctimas.
A lo largo del proceso legislativo, hemos sido testigos de cómo la injerencia política externa y la presión de lobbies empresariales contaminantes han intentado debilitar esta normativa esencial. Frente a estos retrocesos, España, que lideró la negociación durante su Presidencia del Consejo de la UE, debe enviar un mensaje contundente: los derechos humanos y el medio ambiente no admiten demoras.
