Tras cuatro años de intensas negociaciones y un incesante lobby corporativo, los Estados miembros de la UE han dado hoy su aprobación final a la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), en su versión modificada por el paquete legislativo Ómnibus I.
La CSDDD significa un paso adelante en la rendición de cuentas empresarial. Por primera vez, las grandes empresas multinacionales estarán obligadas a identificar, prevenir y reparar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro globales. Lo más importante es que las víctimas de abusos corporativos contarán ahora con nuevas vías legales para buscar justicia, tanto a través de los tribunales de la UE como mediante mecanismos de control administrativo.
Sin embargo, la desregulación introducida por el paquete Ómnibus I ha debilitado la ley, recortando las protecciones en materia de derechos humanos y medio ambiente y desmantelando las obligaciones climáticas de las empresas en plena escalada de la crisis climática.
Resulta profundamente alarmante observar cómo los gobiernos europeos y los representantes electos han cedido ante la injerencia política extranjera y la presión de los lobbies empresariales, optando por debilitar una legislación crucial en materia de derechos humanos y medio ambiente en lugar de defenderla.
Este nivel de influencia corporativa sobre el proceso legislativo de la UE sienta un precedente peligroso y corre el riesgo de socavar gravemente la rendición de cuentas democrática y la credibilidad de la UE como líder en derechos humanos y sostenibilidad.
A pesar de estos retrocesos, la CSDDD entra ahora en una fase crucial de transposición, en la que los Estados miembros, incluida España, deberán incorporar la Directiva a su legislación nacional antes de julio de 2028.
El gobierno de España tiene ahora una oportunidad de liderar una transposición rápida y ambiciosa. En última instancia, el impacto a largo plazo de la CSDDD dependerá de su aplicación efectiva. Una implementación sólida a nivel nacional, tanto por parte de los tribunales como de las autoridades administrativas, será decisiva para garantizar justicia a las víctimas de abusos empresariales.
Amaya Acero, Coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables, afirma:
En un contexto marcado por presiones externas de poderosas multinacionales y por una tramitación legislativa deficiente, el paquete Ómnibus ha desmantelado salvaguardas clave en materia climática, ambiental y de derechos humanos. Pero aun así, la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad es un paso adelante esencial para que las empresas rindan cuentas.
Las víctimas de abusos empresariales contarán a partir de ahora con nuevas vías legales para buscar justicia, tanto a través de los tribunales como mediante la aplicación administrativa por parte de los Estados miembros. Pedimos al Gobierno de España que lidere una transposición rápida y ambiciosa: las víctimas de abusos corporativos y el planeta ya han esperado demasiado.
