Hoy, la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo, ha dado el primer paso para obligar a las empresas a abordar los riesgos ambientales, climáticos y de derechos humanos a lo largo de su cadena global de valor y mejorar el acceso a la justicia para víctimas de abusos empresariales como los trabajadores de fábricas que sufren explotación laboral o las comunidades indígenas. Sin embargo, se han dejado sin cubrir peligrosas lagunas que dejan la puerta abierta a nuevas violaciones de los derechos humanos y daños al medioambiente por parte de las empresas.
Los parlamentarios han votado a favor de imponer a las empresas obligaciones de diligencia debida basadas en el riesgo así como de mejorar los requerimientos de consulta a las partes interesadas; lo que alineará de manera más ajustada las obligaciones de las empresas con los estándares internacionales de diligencia debida ya existentes aunque voluntarios.
La PER hace suyas las palabras de Christopher Patz, encargado de política de European Coalition for Corporate Justice (ECCJ, red europea con la que la PER trabaja para alcanzar una normativa rigurosa en esta materia) cuando señala que «El proyecto de ley elimina varios de los obstáculos para el acceso a la justicia, pero la supresión automática de la responsabilidad de la empresa matriz mantiene la puerta abierta a posibles daños corporativos. Y las víctimas continúan soportando la carga de la prueba para demostrar los fallos en la diligencia debida empresarial cuando debería corresponder a las empresas demostrar que cumplieron las reglas.
Existe, además, el peligro de que las empresas confíen demasiado en auditorías externas y esquemas multi-stakeholders con responsabilidad cuestionable, en lugar de evaluar y responder a los riesgos en su cadena de valor. Ante el agravamiento de la crisis climática y medioambiental, los políticos deberían tomar decisiones orientadas al futuro – pero incluso las responsabilidades climáticas empresariales están muy lejos de las recomendaciones de la propia comisión de medioambiente del Parlamento.
Los actores financieros aún están sujetos a reglas muy laxas de diligencia debida, permitiéndoles, de esta manera, seguir invirtiendo en operaciones que dañan tanto a las personas como al planeta”.
Se espera que el plenario del Parlamento Europeo vote el texto completo de la Directiva de Debida Diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad en mayo.